El creciente deterioro de la situación carcelaria en El Salvador ha llevado a una situación inédita. Reos de once centros penales han iniciado una serie de protestas internas y en forma simultánea sus familiares han desarrollado acciones pacíficas en las calles de la capital. El motivo de la protesta masiva es la exigencia de mínimas condiciones carcelarias como el respeto a su dignidad, cese de abusos contra los reos y sus familiares, superación de las condiciones de hacinamiento, etc.
La precaria situación de las cárceles en nuestro país no es un secreto para nadie, todo reo vive un infierno en vida en esos mal llamados centros de readaptación. Tampoco es de extrañar que ocurran motines o desordenes en su interior, estos de manera periódica ocupan las primeras planas de los medios de comunicación. Baste recordar las matanzas ocurridas en su interior como consecuencia de los pleitos entre pandillas, las cuales han pasado inadvertidas por las autoridades penales en el momento de su ejecución.
Lo novedoso es que por primera vez se da una acción simultánea en once centros penales, la acción coordinada con las familias afuera de los centros de detención y que pareciera se ha acordado una tregua entre las dos principales organizaciones de Maras: La Mara Salvatrucha y la Mara 18. Pues según las autoridades están operando de manera coordinada.
Además, llama la atención que estos desordenes se producen en el momento en que las elecciones presidenciales se acercan a la recta final. Pareciera que son parte de un cálculo político de los organizadores. Lo cual no es de extrañar, en este momento la enorme sensibilidad política de los partidos contendientes y la ciudadanía es mayor. Ahora es posible llamar más la atención que en un momento de “normalidad política”. En este momento es más probable que sus demandas sean atendidas. Lo cual indica que los organizadores están actuando con mucho criterio y sentido de la realidad.
Por todo ello, la situación es muy grave y podría ser el inicio de nuevas escaladas de violencia social y delincuencial en el país. Basta con imaginar lo que podría suceder si ambas organizaciones mareras, que hasta hoy se desgastan mutuamente, decidieran unir esfuerzos. Según informes de los conocedores del tema, hay en manos de las Maras al menos dos mil armas de guerra. Baste recordar que en 1980 el ERP inició el Frente Nororiental con unos cien fusiles, algunos muy viejos.
Además en los últimos años las Maras han sufrido profundas transformaciones en su organización interna. Hace algunos años tanto Hunnapuh como su servidor escribíamos sobre este tema. Ahora las Maras están pasando aceleradamente a ser parte del crimen organizado a escala internacional, no solo por las vinculaciones territoriales de una pandilla en varios países, sino por la vinculación a las organizaciones del narcotráfico.
Por ello preocupan las declaraciones irresponsables de altos funcionarios gubernamentales de acusar al FMLN de estar detrás de estos desordenes. Con el objeto de confundir a la ciudadanía y conseguir algunos votos lanzan cualquier acusación sin fundamento, que también se convierte en una cortina de humo para no ver la gravedad del problema que podemos enfrentar en el corto plazo. El actual gobierno tiene la mayor responsabilidad en lo que está pasando, han fracasado en el combate a la delincuencia, no han logrado implementar planes que pongan alto a la violencia social, los penales no son centros de readaptación. Es decir, que si de deducir responsabilidades se trata, es el gobierno el principal responsable de lo que está sucediendo.
Tampoco el FMLN ha ayudado mucho, no ha tenido una visión coherente y concreta de cómo enfrentar el problema de la delincuencia y la violencia social. No han pasado del trillado discurso de que el problema debe verse en forma integral. Han tenido desde las municipalidades en que gobiernan las posibilidades de ayudar a enfrentar este flagelo de violencia y han hecho muy poco. Han permitido en varios municipios que las Maras infiltren el CAM (pero también las Maras tienen infiltrada la PNC). Por tanto también hay responsabilidades que compartir, pero a mucha menor escala que la responsabilidad fundamental que le corresponde al gobierno central.
Creo que si este problema se agudiza en los próximos días, las acusaciones y los ataques mutuos entre las dos fuerzas políticas continuarán. Mientras tanto los problemas sociales se siguen agudizando. Ojala después del 15 de Marzo, pueda iniciarse una nueva dinámica política que permita una visión compartida de estos problemas.
Ayutuxtepeque, 18 de febrero de 2009.
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