Con el ferviente deseo de contribuir a elevar el nivel de análisis de la población, queremos referirnos a la columna de un observador electoral, que hace su tarea por encargo de un medio escrito¹ en la cual e plasmó una opinión que ofende, por el desconocimiento del columnista de la Ciencia Política, pero también de la realidad nacional.
Seguro que el observador vive en la luna.

Expresa estar muy preocupado porque el programa de gobierno que presentó recientemente un partido político “... plantea la institucionalización, como parte del Estado, de las organizaciones sociales, consejos y comités populares, de barrio, etc.” Pretende hacernos creer que le preocupa el respeto a la Constitución, pues en ella se regula la democracia representativa, no la directa; según sus pensamientos, la propuesta es una amenaza pues “están abriendo la puerta a mecanismos ajenos a la democracia representativa, introduciendo el elemento del ‘mandato directo’, de mecanismos de participación ciudadana en la ejecución de la política ”.

Es importante que la y el salvadoreño tengan claro, que en el concepto de Estado cabemos todas y todos; el Estado, dice la más elemental doctrina política es el gobierno (en su más amplio contenido), el pueblo y el territorio; ahí estamos todas las personas, organizadas y no organizadas; sin embargo, la y el ciudadano debe reconocer que el temor del observador electoral, es que la población organizada, pueda tener participación política, en la cosa pública, más allá del voto, ese es su verdadero terror, ya que según su entendimiento erosionan el Estado y destruirán la institucionalidad.

Esas organizaciones sociales, que tanto le preocupan, son sindicatos, fundaciones, asociaciones, organizaciones comunales, comités de barrios, hasta la iglesias, todas como bien sabemos, están institucionalizada y son parte del Estado, la conforman personas humanas, parte del pueblo, que al ejercer su derecho constitucional de asociarse, se agrupan en torno a un fin común, así hacen surgir la persona jurídicas, que nacen a la vida legal precisamente porque se han amparado en el aparato estatal para obtener su personalidad jurídica. Esto lo puede hacer toda la población, acogiéndose a diferentes leyes: Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, Código de Trabajo, Ley General de Educación, Código Municipal, entre otras.

Nada más institucional entonces que,acogerse a una ley vigente, de carácter general, de obligatorio cumplimiento y hacer funcionar la institucionalidad del Estado para que llenados los requisitos conceda la Personalidad Jurídica a las organizaciones sociales. Una realidad actual, en total apego a la Constitución de la República.

Para saber que la Constitución habla de Democracia Representativa,solo hay que leer el Art. 85²; pero la y el ciudadano, no solo debe saber leer, debe y tiene que abrir los ojos a la verdad, pues el observador electoral tiene miedo que la población participe en la construcción,implementación y vigilancia de la políticas públicas; es de los que creen que, la participación de la y los ciudadanos debe limitarse a simples e inertes votantes, es de los que están interesados en que la única manera de expresión sea a través de marcar una papeleta electoral cada 3 o 5 años, y que en el ínterin entre una y otra votación jamás cuestionemos al ungido que nos “representa ”.

Parecería ser que hay mucha preocupación por la posibilidad real de que el estado de cosas cambie, le aterroriza que un funcionario público pueda representar a otros sectores que no sean los que siempre han tenido representación, le aterra más, si esos sectores son diversos y organizados. Sí, eso efectivamente sería un cambio, pero un cambio hacia el cumplimiento de la Constitución, en el que las y los funcionarios en apego a ella, deberán actuar como delegados del pueblo y no al servicio de los intereses políticos y económicos de la minoría de siempre; las y lo funcionario están plegados al poder económico y responden a sus intereses; la gran mayoría de la población, lo ha podido ver en estos últimos 20 años.

Es claro, que la preocupación viene pues a quienes se les quiere dar voz es a aquellas y aquellos históricamente marginados y excluidos de la real participación ciudadana. Obsérvese, que el preocupado observador electoral nada dice sobre la aplastante presión que ejerce anualmente la ANEP, que es sociedad civil organizada, a partir de su ENADE, quien le define al gobierno, el rumbo de las políticas públicas en nuestro país. Este señor, parcializado observador, no se ha detenido a revisar, los resultados de cada uno de estos congresos (ENADE ’s).
De haberlo hecho, habría encontrado que de ahí han surgido algunos de los lineamientos que son causa inobjetable de la actual crisis económica, social y política que vive el país.

Las y los salvadoreños, no debemos olvidar que la contra reforma penal, la dolarización, los tratados de libre comercio, la privatizaciones, que tanto daño han hecho a la estabilidad ciudadana en nuestro país, se ha venido dictando desde la gran empresa mercantil; asumido como un dictamen inobjetable por el Órgano Ejecutivo y sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa que, de manera obediente y sin consulta, convierten en leyes lo que manda el gran capital. Ésa no es una verdadera democracia representativa, esta es una buena administración de los intereses de las y los poderosos.¿Y la representación de la mayoría de la población?

A manera de ilustración, el 4 del mes en curso, en un canal de TV el señor Ministro de Economía, cuestionado sobre la arbitrariedad de las petroleras, dijo: “Hemos llegado a un consenso con las empresas y ahora si van a cumplir la ley … ” ¡Despertemos! Descubramos a quiénes responden los funcionarios del Estado. En el actual período y desde hace mucho, las empresas petroleras ni siquiera gestionan una política pública, ellas ejecutan directamente su política empresarial y fijan los precios a los distribuidores, es decir, cumplen funciones gubernamentales, ante el silencio cómplice de quienes “nos representan.”

Es fundamental, a la institucionalidad del país que la población asuma con energía la defensa a los derechos que constitucionalmente le corresponden y que históricamente han sido acaparados por un sector cada vez más reducido, no es cierto, que solo tenemos derecho a votar y callar, podemos y debemos, cumpliendo derechos y obligaciones constitucionales,organizarnos,difundir nuestro pensamiento, y exigir un gobierno democrático, participativo e incluyente, con funcionarias y funcionarios que realmente nos representen.


1 El Diario de Hoy, pág. 9 del 3 de septiembre 2008

2 ºArt. 85..El gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.”