_{El texto en itálicas pertenece a la columna Numerología Penitenciaria, publicada en Enfoques, de La Prensa Gráfica, el 22 de abril de 2007. Otras ideas han sido tomadas de la obra de Jesús Valverde, "Proceso de Inadaptación Social".}

Al momento de abordar la delincuencia y la violencia que aqueja al país, se recurre con preponderancia al Derecho. El Derecho, como técnica de control social, se caracteriza por la institucionalización de la respuesta social frente a ciertos comportamientos desviados. El ordenamiento jurídico tipifica como normales o legales unas determinadas conductas y como anormales o ilegales otras. La hegemonía de esta perspectiva lleva a que recaiga en estas instituciones el poder de diagnosticar la desviación (juzgar como delincuente) y de decidir el tratamiento (encarcelar).

No vamos a la mitad del año, pero el ministro de Seguridad, René Figueroa, ya aspira a cerrar 2007 con 17,000 personas tras las rejas (el equivalente a la población del municipio de Ataco, en Ahuachapán). El pasado 1.º de mayo había 15,000 reclusos. Eso implica que Figueroa pretende encerrar a otros 2,000 salvadoreños entre mayo y diciembre. Para cumplir la meta, bastará con encarcelar un promedio de ocho malhechores al día.

La meta no es inalcanzable. Durante la administración del presidente Antonio Saca, el número de reos ha aumentado en 44%. La tercera parte de la población carcelaria no ha recibido condena y, por tanto, legalmente son inocentes.

El planteamiento jurídico-institucional se caracteriza por la defensa de los intereses sociales y por la recuperación del individuo. Pero en el país, la vía de la "recuperación" parece ser el aislamiento. De vez en cuando los periódicos muestran noticias de reos ejemplares, que han logrado aprender un oficio o terminar sus estudios, mientras cumplen su condena. ¿Pero cuántos de los quince mil y tantos reos saldrán "recuperados", "rehabilitados"? El hábitat anormalizado de una cárcel puede llegar a tener efectos perturbadores en la conducta del individuo, profundizando más y nuevos comportamientos desadaptados.

Las cárceles, pese a los talleres de rehabilitación, se han convertido en centros de perfeccionamiento de la creatividad delictiva (que incluyen desde esconder dinero o teléfonos celulares en el tracto digestivo hasta elaboración de armas artesanales). El ministro de Seguridad aún cree a pie juntillas en el papel rehabilitador de las cárceles. Ni hablar de las extorsiones, homicidios y toda clase de delitos y actos de corrupción que se fraguan tras las rejas, en los que participan desde los parientes de los privados de libertad hasta los custodios.

Este papel rehabilitador se diluye cuando se toma en cuenta la segunda característica de este planteamiento: la inevitable formalización del desadaptado como delincuente. Ya en la dinámica conflictiva con la institución, la persona llega a visualizar la diferencia que hay entre sí y el resto de la sociedad, y a asumir la formalización como desadaptado.

Ambas características explican en muchos casos la reincidencia, la “tecnificación” del crimen, y el salto cualitativo que han dado las pandillas a lo largo de los años, hasta formar parte de redes de narcotráfico y contrabando que traspasan fronteras.

Figueroa insiste en ver el alza en las detenciones como un reflejo de la efectividad policial. Olvida que el aumento en el número de reos no se ha traducido en una reducción de delitos. Diariamente siguen registrándose 10 homicidios. Más reos no han sido garantía de seguridad, ni siquiera dentro de las mismas cárceles, donde no hay espacio. Los 18 complejos penitenciarios —con capacidad para 7,000 reos— acogen a 15,000 internos. Los reclusos están conviviendo cual sardinas enlatadas. Ese y otros factores propician amotinamientos. El 6 de enero pasado, una trifulca en el penal de Apanteos, Santa Ana, causó 21 reclusos muertos, y en el resto del año no han cesado los intentos de fugas.

Las leyes penales son el mecanismo de defensa de un sistema social, ante las agresiones que lo ponen en peligro. Pero no es suficiente cambiar la ideología de la ley, sino también la ideología de la intervención institucional. Así, por ejemplo, "el país no cuenta con un programa para rescatar a [jóvenes en situación de calle], lo que contrasta con la criticada Ley del Menor Infractor, que da excesivas garantías a menores que hasta han cometido homicidio" (Nota en El Diario de Hoy, "menores que la vida lanzó a las calles citadinas"; debo la fecha exacta). A la par de vacíos y contradicciones legales y hasta ideológicos, la solución de enviar a la "correccional" no hace más que anormalizar aún más el comportamiento de la persona.

Falta una ley alternativa que permita un abordaje desde unos planteamientos basados en aspectos educativos y que diera protagonismo a otros profesionales, y no sólo a especialistas en Derecho. La facultad protectora y reformadora requiere de un órgano multiprofesional (¿por qué no promover otras áreas profesionales, para comenzar?). El lado educativo de las intervenciones no puede llevarse a cabo si quienes presiden las instituciones tienen una formación meramente jurídica, porque ésta no supone una preparación en las ciencias de la conducta.

Una tercera característica del planteamiento jurídico-institucional es la distancia entre las dos partes del conflicto. Distancia geográfica (los barrios periféricos reciben la respuesta judicial desde barrios acomodados), social e intelectual; intelectual no en cuanto a capacidad mental sino a preparación: quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones jurídicas tienen poco contacto directo con la realidad del inadaptado bajo su jurisdicción, y con la inadaptación social fuera de los tribunales de justicia.

[El ministro de Seguridad] próximamente inaugurará el penal de Talcomunca (Izalco, Sonsonate), que tiene capacidad para reubicar el 10% del excedente de reos. ¿Dónde alojará Figueroa a los 2,000 nuevos presos de 2007? La segunda fase del penal de Izalco, que albergará 1,450 reclusos, aún es incierta. ¿Seguirá saturando las cárceles? ¿Le fallaron las cuentas al ministro? ¿Alguien le podría prestar una calculadora?

Las condiciones carcelarias del país son paupérrimas, y en este sentido, el sistema penitenciario salvadoreño tiene poco o nada aportar para garantizar a largo plazo la construcción de una sociedad menos violenta. A esto se le agrega la ausencia de medidas terapéuticas y preventivas a gran escala. Sobre todo en casos que conciernen a poblaciones en riesgo, el momento de intervención varía grandemente: no se interviene cuando el individuo está en peligro, sino cuando ya es un peligro.

Hunnapuh:
Francamente este artículo es sumamente útil. Toca un tema poco tratado y lo hacés con mucho tino y fuertemente argumentado.

Carlos Abrego

El articulo fue escrito por Placebos,

Placebos, bienvenido a esta pagina. Yo se que haras buenos aportes y contribuiras mucho en este sitio.