Les dejo este articulo de Oscar A. Fernández O.
En mi opinión, la PNC ha sido reconvertida en lo que fuera la antigua guardia nacional, o sea los huerfanitos.
En el peor de los casos y con el aval de instituciones que dicen defender los derechos humanos tal como la IDHUCA, que actualmente les esta dando cursos a esta policia bajo el pago del gobierno estadounidense, y de esa forma se somete no a los intereses de defender los derechos humanos de la población salvadoreña, pero a avalar de esa forma la estrategia que desde Washignton ha sido formulada para usar a ese cuerpo de seguridad como un instrumento de represión.
Por allí (Otra vez Rafael Menjivar Ochoa - no es nada personal, solo es una refutación al argumento) escribieron que el IDHUCA no debe ser participe de los intereses partidistas, y estar encima de esos intereses.
Pero se le olvido mencionar que debe estar también encima de los intereses del gobierno, pues es una institución independiente a éste. En el entendido ademas de que actualmente el presidente Saca no actua en estos momentos como presidente de la republica, si no como presidente de su partido político.
En tanto se comprende esto, podemos decir que indirectamente el IDHUCA esta sometido al planteamiento de las formulaciones del partido ARENA, sea que lo hagan conciente o inconcientemente.
El otro punto es que reciben paga de parte del gobierno de El USA, para llevar a cabo el trabajo que supuestamente debería evitar los abusos de poder que actualmente esta cometiendo la PNC.
ver aqui esta noticia: PNC actuó arbitrariamente contra manifestantes en Suchitoto: Tutela Legal
Por lo que vemos y podemos corroborar, darle cursos para "humanizar" a esos cuerpos de seguridad no funciona, simplemente por que estos estan siendo instrumentalizados por el partido ARENA y por Washington ( o sea el partido Republicano y la CIA )
Los ataques y abusos de poder de parte de ese cuerpo de seguridad que deberia de servir para defender al pueblo esta siendo utilizado para atacarlo, nuevamente regresa el esquema de la dictadura de los años 70's y 80's.
El clima de la campaña electoral, y los intentos de la ultraderecha para tratar de criminalizar a todo un partido político, no tienen efecto legal y por mucho que intenten acusar a la dirección del partido de izquierda, esto es puramente propaganda, solamente es un instrumento electorero, en todo ese show montado para las elecciones del 2009, esto todos lo comprenden.
Pero por otro lado, los ataques a las organizaciones sociales, si es un peligro, y es allí donde el FMLN debe entonces actuar para no permitir que se ataquen los derechos ciudadanos de manifestarse.
Y en esto no solo el FMLN, lo deberian de hacer los demas partidos políticos, que no pertenezcan a la tripleta ARENA-PDC-PCN.
La ley antiterrorista ataca fundamentalmente el derecho ciudadano de protesta, como dijo Mauricio Funes, el gobierno desea orillar las organizaciones sociales. Para mi, y en otras palabras, intenta marginar, criminalizar e intimidar a las organizaciones sociales.
Pero esto va mas allá de las organizaciones sociales, pues ataca el derecho de todos los ciudadanos salvadoreños, a manifestarse en contra de las políticas gubernamentales, me atacan a mi, te atacan a vos y a vos, y aquel que esta mas allacito, por que si vos naciste en El Salvador, estas regido bajo una misma constitución, tenes derechos al igual que la gente del CRIPDES.
Te incluye a vos aunque vos no lo quieras aceptar, por que si los derechos de una persona son violentados y luego se legaliza esa violencia, esta tambien puede ser utilizada en tu contra.
Los salvadoreños que viven en el extrangero, y que son los que sostienen la precaria economía al enviar sus remesas para sostener a sus familias por que no encuentran empleo en el país, tambien son victimas de este ataque, por que en todo caso, como ciudadanos salvadoreños aun son parte de esa sociedad, y son activos ciudadanos y contribuyen economicamente a que el país no se vaya al despeñadero.
Es aqui que deviene la defenza legal a nivel internacional.
Si los salvadoreños y ninguna organización social es capaz de contener el ataque de la dictadura de la ultraderecha en el interior del país, por que en efecto no existen instituciones democraticas para defenderse dentro de los marcos legales que han sido violentados para destruir los marcos constitucionales, la defenza legal debe ser llevada por los ciudadanos en el extrangero.
Basta de flojeras!
Los salvadoreños que viven en el extrangero, viven en muchas partes del mundo, viven en estados que relativamente tienen elementos de derecho y bajo el cumplimiento del estado de derecho que si se cumple y por ende las organizaciones tienen tambien en efecto el respaldo de instituciones internacionales que las respaldan, debe ser entonces el gobierno salvadoreño presionado desde afuera para que abandone el ataque contra la constitucion.
Cualquier salvadoreño que vive en el extrangero tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a protesta ante una política de algún gobierno, es asi, que hasta miembros simpatizantes del FMLN publicamente se lanzaron a protestar aunadamente contra la ley migratoria en los estados unidos, y lo han hecho de forma conjunta con las organizaciones sociales, y el ANSWER.
Ese es su derecho y le guste o no al gobierno estadounidense, bajo el partido republicano, esa protesta esta dentro del marco de la constitucion de ese país.
Si ese mismo derecho dentro de esos marcos le da potestad a los ciudadanos salvadoreños de protestar, ese mismo derecho que hoy es atacado desde el interior del país, es atacado a la gente que vive tambien en el exterior.
La defenza de nuestros derechos viene a ser un elemento que esta afuera tambien del marco de la ley interna y los derechos de los salvadoreños en el extrangero deben entonces verse desde los marcos legales de cada uno de los paises donde estos salvadoreños viven, y bajo el amparo de las leyes internacionales.
Lo que sucede es que el FMLN esta demasiado embrollado en el asunto de la cuestión electoral que me parece todavia no ha logrado comprender el uso de la ley que esta mas alla del territorio, y el ataque a los ciudadanos que viven en el extrangero, y no se reorganiza. Tienen un monton de simpatizantes afuera y no los veo aun actuar.
No se dejen embrollar en las babosadas de Belloso, no se dejen embrollar en el juego electoral, vallan mas allá, por que lo que esta en juego en estos momentos va mas alla de unas elecciones.
Desde que terminaron los acuerdos de paz, Villalobos dijo, ya estubo, ya estamos en la democracia, ya no tenemos que hacer nada mas que seguir y ganar el pisto, y de esa manera entraron a los marcos del juego del forcejeo por el poder, bajo el pensamiento de que ARENA cumpliria los acuerdos de paz.
Nada de eso se ha cumplido. El conspiro contra el pueblo. El terminó sus dias trabajando para la CIA, los facundos se fueron para la derecha, hoy escriben retorica en la prensa, si se les critica aducen que es por rencorcillos, tratan en vano de defender su postura anti-pueblo y su postura traicionera cuando atacan de forma anti - etica a sus propios compañeros que un día lucharon juntos, de eso pues en otro tema, solamente diré que cuando ellos escriben, escriben sobre sus espejos. Por eso no tiene importancia argumentarles, pues no proponen mas que la traición, venderse al mejor postor como lo han hecho ellos.
Y el FMLN??
Estan dejando afuera otras posibilidades y estan siendo muy flojos al permitir que las cosas como estas sucedan, estan demasiado embrollados en tratar de defenderse de la propganda, y no contra atacar y anular ese ataque de forma mas amplia, no se dejen ir en el torbellino y la cortina de humo que ha sido escrita desde afuera.
Los pocos diputados que por ejemplo viajan para tratar de ganar apoyo de politicos en el extrangero para apoyar por ejemplo la lucha contra la mineria que esta llevando a cabo una empresa Canadiense, no son suficientes, no es suficiente señores.
Las formulaciones para atacar a las organizaciones sociales, han sido escritas desde afuera.
La privatización dará espacio a empresas extrangeras para que tomen este recurso natural que es de todos los salvadoreños y no del partido del gobierno.
Esas mismas formulaciones son escritas para conveniencia de las multinacionales, pero estan afuera de los contexto legales de la constitucion salvadoreña.
Lo mismo la aplicación de la ley antiterrorista, pues esta fue formulada primeramente despues de los atentados de las torres gemelas, y por lo mismo en Londres y en España, donde se llevaron ataques terroristas existe esa ley para ser aplicada, pero desde una perspectiva totalmente diferente (pues no persigue destruir ni marginar los derechos de sus propios ciudadanos a manifestar cualquier expresión ciudadana en contra de las políticas de sus propios gobiernos) a la que ha mencionado recientemente el presidente del partido ARENA, Saca y que acoto en el siguiente parrafo:
“Que entendemos por terroristas, aquella persona que quema un vehículo, que saca corriendo a una persona de un carro para darle fuego es terrorista, que tires una piedra por tirarla es otra cosa, pero que saques a una persona y casi le des fuego al carro es como poner una bomba de un tren en Europa”, explicó Saca.
El Jefe de Estado dijo que se tiene que tener una ley para muchos que en El Salvador tienen en mente hacer terrorismo."
Que aparecio en la noticia siguiente:
Presidente Saca se compromete a revisar caso de periodista
Los juegos de la dictadura de la derecha, son flacos no hay argumentos ni fundamentos legales convicentes para defender esa postura.
Y menos cuando el entendimiento y la aplicación de esta ley en otros países dista mucho del planteamiento que utiliza la extrema derecha para tratar de legalizar el ataque contra las organizaciones sociales y sus lideres, pero que también atacan los derechos de todos los salvadoreños, vivan estos adentro o afuera del país.
La aplicación de esa ley antiterrorista es violatoria a nuestros derechos ciudadanos nos ataca a todos por igual.
Y entiendo que habran algunos individuos interesados en que esta ley no se defienda, supongo que algunos moderados estan mas preocupados por la imagen del país, pues esto les afecta sus ingresos, supongo que por igual no desean la confrontación con el gobierno, aducen pues que la polarización es lo que impulsa al gobierno del partido ARENA a que esto se lleve a cabo, pero no se dan por enterados de que el planteamiento mismo es un planteamiento que deja afuera el amparo de los derechos mismos que todos los salvadoreños tienen y que no se someten ni deben someterse a intereses individuales ni personales, ni partidistas.
Ni hablar de la oligarquia.
Supongo que estaran preocupados por que se les puede crear problemitas al vender su cafecito, y con tal de ganar su pisto, o se hacen los sonsos, o mejor votan por donde mas les cnviene, tomando de esa manera posturas anti sociales, y posteras que apoyan politicas anti - obreras, y anti ciudadanas.
Y escribo la siguiente como un condicionante solamente.
Si el FMLN es incapaz de lograr que el pueblo salvadoreño tenga una defenza ante toda esta ilegalidad que la dictadura esta llevando a cabo, y esta aceptando el juego electoral y permite flojamente no utilizar otros recursos, no habran alternativas mas que comenzar a reorganizar una fuerza ciudadana sea interna o externa al país para llevar a cabo una defenza legal en contra de todas estos arbitrios, por que lo que esta en juego no es un partido político, si no los derechos mismos que le dan potestad a los salvadoreños para que ellos sean representados en todos los sectores sociales que existan dentro y fuera del país, y hasta la representación del FMLN y los derechos que tienen todo simpatizante o miembro de la izquierda salvadoreña.
Y si el FMLN no esta de acuerdo, y se aisla a la defenza y las campañas internacionales que se creen, sea pues, pero ya lo estamos planteando señores, estamos planteando defender la legalidad desde los marcos internacionales para defender los derechos de los salvadoreños, aun cuando esto pueda servir de escaparate para demostrar que en el país no existen libertades, ni la tal democracia, aun cuando les afecten mas las economias, por que al final si Villalobos y sus seguidores consideraron mejor cerrar el telón aun cuando el teatro no se ha terminado, los actores de este trama aun siguen en la lucha, y no hemos dejado afuera nuestra lucha por reinvidicarnos, en el escenario de la totalidad de este planeta, en el escenario donde los conglomerados internacionales atacan las libertades constitucionales, defendiendo la ilegalidad de los anti-valores.
Al gobierno salvadoreño no le conviene que la imagen del país se venga abajo, dependen de la estabilidad que tenga su "imagen" para que estos consorcios y empresas tengan la "estabilidad" para invertir, necesitan controlar y reprimir al pueblo, para llevar a cabo la usurpación de los recursos naturales.
Ese es el talón de aquiles de la dictadura.
Marginen pues la inconstitucionalidad de la dictadura.
LA DICTADURA ARENISTA.
La PNC ha dejado de ser del pueblo salvadoreño como una vez se pretendió, convirtiéndose en la policía de ARENA (lo que era la GESTAPO para el régimen nazi en la Alemania hitleriana) Los funcionarios y el presidente del partido oficial, la emplean exclusivamente para resguardar los intereses de un estado corporativo dirigido por el poder económico, y para mantener el injusto orden económico y político con el que se somete al pueblo salvadoreño. De ahí que todo lo que huela a protesta popular, un derecho consagrado en la Constitución, es coartado con la fuerza bruta y la imposición de leyes que violan el Estado de Derecho y las sagradas garantías individuales.
Los recientes atropellos sangrientos contra las comunidades en Suchitoto, lo corroboran. La policía en combinación con el ejército que vuelve a las andadas, desplegó un operativo de combate propio de un teatro de operaciones de guerra que aterrorizó a la ciudadanía, reviviendo los aciagos tiempos del conflicto armado.
Para esto se valen de la complicidad de algunos medios de comunicación de masas. En estos medios, los poderosos condenan a gritos la "violencia ilegítima" y conscientes de que sus intereses están resguardados por el sistema establecido, reclaman que se utilice la "violencia legítima", para proteger ese orden creado por ellos.
En esta visión tradicional de la teoría jurídica se concibe al Derecho como un conjunto de normas cuyo medio de realización es la fuerza. Según Norberto Bobbio, las cuatro funciones del Derecho son determinar cuando y dónde, quienes y por qué, y cómo y cuanto, observando ciertos procedimientos, debe ejercerse la fuerza. Esto sin duda plantea el "quid" del asunto, pero no debe llevarnos a confusión y pensar que el Derecho nos releva de la ética con que debe usarse la fuerza. La PNC y el deformado subsistema de justicia penal adolecen de ese vicio de interpretación: "si es legal se puede hacer, porque lo legal es moral", creyendo de esta manera tener licencia para usar la fuerza y la represión aún a instancia de atropellar los derechos de las personas. La violencia legal no es necesariamente legítima.
El ciudadano común, sin más poder que la calidad de tal, se encuentra en desventaja frente al policía, más aún sí los jefes de la corporación asumen ese mismo procedimiento o no controlan el desempeño de los policías, entre los que sin duda hay muchos que creen aún en el imperio del Derecho sobre la fuerza, conscientes que al pueblo hay que protegerlo y no perseguirlo como a criminales.
La perspectiva de una corporación policial en la democracia, fundamentada en los principios del derecho público es ser eficaz, eficiente y legítima por la validez de sus actuaciones. La ausencia de uno de estos aspectos, entorpece la misión constitucional que le da vida. Las viejas técnicas policiales usadas en la dictadura, que hoy parecen retornar, se sustentaban en un virtual estado de sitio y éste aunque tiene un sólido asidero histórico jurídico, se halla en la actualidad, en abierta oposición a los principios sancionados por las diversas convenciones sobre los derechos humanos.
Si bien no puede sacrificarse totalmente la posibilidad de mantener o restaurar la legalidad y el orden mediante la adopción de medidas excepcionales, éstas deben ser especificadas con minuciosidad, para no provocar un retorno a la dictadura. En este plano y contrariando el sentido del Derecho, la "cultura legisladora" de la derecha salvadoreña, se ha divorciado del ciudadano y la propia legalidad queda devaluada, sin credibilidad.
El estado de sitio debe ser regulado y constreñido por el Estado de Derecho, atenuando así su carácter de excepcionalidad y controlando a la Fiscalía y a la Policía para que actúen bajo las reglas fundamentales de las libertades públicas y el debido proceso judicial. La calidad de los resultados, la utilización de la fuerza del derecho ceñida a la legitimidad de la ley que se debería aplicar sin distinciones, además del profesionalismo y la validez del procedimiento policial, proporciona a la policía su fuerza moral y por lo tanto su legitimidad frente a la sociedad.
La intervención policial tiene objetivos establecidos por el derecho que la autoriza, por lo que las operaciones de prevención y combate al delito así como las de orden administrativo, deben ser realizadas de manera inequívoca con aptitud tanto cualitativa como cuantitativamente. No puede existir contradicción entre la eficacia en el uso de fuerza y el atropello del derecho. Es decir, los medios y el fin han de ser congruentes con los derechos humanos. Proceder contrariando este principio es aniquilar la democracia.
Para el logro de la eficiencia de la policía, se combinan invariablemente la calidad (la formación profesional, los métodos y técnicas) y la eficacia (respeto al derecho, las normas y los procedimientos). Por ejemplo, desde el punto de vista de la relación calidad – eficacia, en las operaciones de prevenir y combatir el crimen, es más eficaz el empleo adecuado de las unidades especiales de inteligencia policial, un buen cuerpo de investigadores y los equipos de policía científica, que el abuso de la detención indiscriminada y brutal de personas para encontrar culpables, lo cual amplía el número de privaciones de libertad y de violaciones del derecho, sin que se obtengan los resultados deseados, tal como se puede comprobar en un simple análisis de costo/beneficio.
Cuando el poder económico y el Estado que le sirve, pretenden transformar la lucha de clases en "terrorismo", tratan de confundirnos diciendo que la causa de la violencia son los grupos de inadaptados y aberrantes, que diabólicamente inducidos por "fuerzas oscuras", quieren destruir "la democracia". No obstante, si construimos el concepto de violencia estructural se invierte la situación, atribuyendo el origen de la violencia a la estructura de dominación, que ha provocado una fractura social gigantesca, polarizando a nuestra nación en ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda. Estos últimos son los chivos expiatorios por excelencia.
Basándonos en estas reflexiones, respaldadas por los hechos y entendiendo que el derecho público es la columna vertebral de un Estado Democrático Social en las civilización contemporánea, estoy convencido que se requiere un rediseño en "cuerpo y alma" de la institución policial y fiscal, retornando al proceso penal civilizado y garantista, para que más temprano que tarde, sirvan por primera vez en nuestra historia a los intereses de la democracia, es decir del pueblo y no a los intereses espurios del poder económico de facto.
Oscar A. Fernández O.
PNC actuó arbitrariamente contra manifestantes en Suchitoto: Tutela Legal - Thursday, July 12, 2007 hora 13:38
Ovidio Mauricio González, Director de Tutela Legal del Arzobispado, y David Morales, Jurídico de la misma institución, se pronuncian sobre los sucesos de Suchitoto.
Foto: Wilfredo Lara
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
“La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), el día 2 de julio, utilizó fuerza generalizada no letal en forma ilegal y desproporcionada contra un grupo de manifestantes”, resalta el informe de Tutela Legal del Arzobispado, difundido esta mañana.
El informe recoge el producto de una investigación y recopilación de información, producto de entrevistas con las personas que estuvieron durante la concentración por la no privatización del agua, en Suchi-toto el pasado 2 de julio.
La actividad culminó en desórdenes y la captura de catorce personas, de las cuales trece permanecen en prisión, acusados de cometer “actos de terrorismo”.
Tutela Legal del Arzobispado, además, recomienda una investigación en contra de los agentes que participaron en la detención.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio González, dijo que los agentes de la PNC “actuaron de forma arbitraria sin agotar los procesos de mediación”.
“El uso de la fuerza es arbitraria, es ilegal, es innecesaria mientras los manifestantes no realizaban acciones violentas, ni amenazaban en realizarlas. Y la UMO intervino sin agotar previamente los procesos de mediación, a pesar de que los agredidos estaban desarmados y en su derecho libre a la manifestación y reunión”, explicó González.
“Tutela Legal del Arzobispado concluye que la finalidad de ese operativo policial no fue el establecimiento del orden público, sino la represión indiscriminada para aplicar castigo y terror a los detenidos, a la comunidad organizada, a la población rural de Suchitoto”, agregó González.
El informe también resalta que la utilización de la Fuerza Armada en el operativo policial era innecesaria, por tanto, resulta claro que se hizo con fines de intimación a la población, “localidad que en su mayoría son ex combatiente del FMLN”. Asimismo, Tutela Legal señala una clara violación a los Derechos Humanos de los detenidos, quienes “fueron torturados, amenazados con tirarlos de un helicóptero y se atentó contra la libertad de expresión”.
Ante los hallazgos, Tutela Legal del Arzobispado pidió que se haga una análisis de las detenciones y el fallo de la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz “porque se les ha vulnerado injustificadamente su derecho a la libertad”.
“Tutela Legal considera que los efectivos policiales y fiscales que han promovido la detención arbitraria, deben ser objeto de investigación penal por su presunta responsabilidad en el delito de privación de libertad”, acotó el González.
Por su parte, David Morales, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, agregó que en los hecho existe “una cadena de delitos cometidos por los miembros de la policía: actos arbitrarios, lesiones, torturas y atentados contra la libertad de manifestación. Y la fiscalía ha encubierto estos delitos, presentando un requerimiento con muy pocos fundamentos”.
Morales criticó que a los trece detenidos se les esté imputando el delito de terrorismo cuando jurídicamente es “inaceptable”, entonces, la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz, nos da un ejemplo de como “actuando contra la Constitución, está legislación va a ser utilizada para criminalizar la protesta social”.
Los juristas de Tutela Legal lamentaron que dentro de los detenidos esté la periodista Haydée Chicas, quién se identificó en el momento de los hechos ante los agentes, como una comunicadora social, sin embargo, no se respetó. “El caso de Chicas se convierte en el símbolo, de que en medio de esta cadena de actos arbitrarios, la libertad de expresión no tenía cabida”, recalcó.
En el informe piden, además, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se pronuncie ante las muchas peticiones que existen para derogar la Ley Antiterrorista, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los procesados bajo esta normativa. Asimismo, que resuelva la petición de “habeas corpus”, presentado por la Fundación de la Aplicación del Derecho (FESPAD), ante la Sala de lo Constitucional.
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