Además de “condenar enérgicamente” los hechos violentos que explotan con frecuencia en el país, es importante cuestionar el discurso que les acompaña. La violencia ha sido una constante histórica, en El Salvador y en gran parte del mundo, y para comprenderla es necesario reconocer la perspectiva histórica de su utilidad: ha servido para imponer sistemas políticos, eliminar opositores, intentar modificar el status quo…. Las motivaciones, estrategias y el discurso legitimador serán distintos, dependiendo desde dónde se ejerza la violencia.
Por violencia política se entiende el uso de la fuerza física o simbólica, o la amenaza de su utilización, para el logro de fines políticos (no necesariamente partidistas). La violencia socialmente aceptada está en función de quién puede realizarla, contra quién, en qué circunstancias y en qué medida. Se asume como natural que el Estado tiene la capacidad de ejercerla legítima y legalmente, y que está moralmente justificado usarla. La violencia ilegal, por definición, sería la de los grupos que se oponen al poder establecido; aún cuando los actos reivindicativos vengan a ser la única posibilidad de la que disponen muchos sectores para intentar incidir en el curso de acontecimientos políticos que, de otra forma, escapan a su control.
Este post deja claro que el recurso a la violencia como forma de aplacar dichas reivindicaciones no será cuestionada por el discurso oficial, y es aquí donde entra la institucionalización de la violencia. La violencia política siempre requerirá de un conjunto de argumentos que le otorgue legitimidad. Para agredir, son necesarias varias condiciones, guiadas por un sentido mal encauzado de lealtad, responsabilidad y conciencia: deshumanizar a la víctima y negar su estado de indefensión, tener confianza ciega en las instituciones, someterse a las reglas de la organización que asume toda la responsabilidad (como en el caso de la policía, que “obedece órdenes superiores”), y apegarse a las justificaciones genéricas relativas a la seguridad y estabilidad nacional.
Ciertamente todo esto aplica a ambos bandos a cabalidad, si saltáramos de un contexto a otro. Pero aquí hago alusión particularmente a la violencia política en el país, ejercida “hacia abajo”, por las cúpulas de poder, puesto que son quienes controlan en gran medida los recursos para actuar respondiendo a intereses específicos. Su capacidad para manipular la información les permite deslegitimar al adversario, por medio de la deshumanización, la proscripción, el uso de rótulos políticos (“comunistas”, “revoltosos”), comparándolos con otros grupos que simbolicen la esencia del mal (”delincuentes”, “vándalos”) o minimizándolos, catalogándolos como “locos”. Siempre habrá una justificación tras la cual escudarse, aún cuando las víctimas estén en una clara posición de desventaja. Se sostiene con fervor que la Constitución permite protestar, hay libertades para hacerlo; pero cuando se protesta, recurren al argumento de que ello obedece no más que a manipulaciones partidistas de oposición; la imagen se edita para mostrar que la agresión de las autoridades son únicamente respuestas legítimas a "provocaciones" por parte de los manifestantes.
¿Quién sale perdiendo cuando ocurren estos hechos de violencia? El sentido común inclina a decir “todos”, “el pueblo salvadoreño”, “los ciudadanos honrados”. De acuerdo. ¿Y quién sale ganando? No son los grupos de oposición, como se sostiene. Quienes salen ganando son los mismos grupos en el poder; una estructura social violenta justifica los controles sociales duros, y en esta espiral interminable, se invalida la posición del otro, mientras los “defensores de la seguridad nacional y la democracia” continuan autoexaltándose como tales.
Por violencia política se entiende el uso de la fuerza física o simbólica, o la amenaza de su utilización, para el logro de fines políticos (no necesariamente partidistas). La violencia socialmente aceptada está en función de quién puede realizarla, contra quién, en qué circunstancias y en qué medida. Se asume como natural que el Estado tiene la capacidad de ejercerla legítima y legalmente, y que está moralmente justificado usarla. La violencia ilegal, por definición, sería la de los grupos que se oponen al poder establecido; aún cuando los actos reivindicativos vengan a ser la única posibilidad de la que disponen muchos sectores para intentar incidir en el curso de acontecimientos políticos que, de otra forma, escapan a su control.
Este post deja claro que el recurso a la violencia como forma de aplacar dichas reivindicaciones no será cuestionada por el discurso oficial, y es aquí donde entra la institucionalización de la violencia. La violencia política siempre requerirá de un conjunto de argumentos que le otorgue legitimidad. Para agredir, son necesarias varias condiciones, guiadas por un sentido mal encauzado de lealtad, responsabilidad y conciencia: deshumanizar a la víctima y negar su estado de indefensión, tener confianza ciega en las instituciones, someterse a las reglas de la organización que asume toda la responsabilidad (como en el caso de la policía, que “obedece órdenes superiores”), y apegarse a las justificaciones genéricas relativas a la seguridad y estabilidad nacional.
Ciertamente todo esto aplica a ambos bandos a cabalidad, si saltáramos de un contexto a otro. Pero aquí hago alusión particularmente a la violencia política en el país, ejercida “hacia abajo”, por las cúpulas de poder, puesto que son quienes controlan en gran medida los recursos para actuar respondiendo a intereses específicos. Su capacidad para manipular la información les permite deslegitimar al adversario, por medio de la deshumanización, la proscripción, el uso de rótulos políticos (“comunistas”, “revoltosos”), comparándolos con otros grupos que simbolicen la esencia del mal (”delincuentes”, “vándalos”) o minimizándolos, catalogándolos como “locos”. Siempre habrá una justificación tras la cual escudarse, aún cuando las víctimas estén en una clara posición de desventaja. Se sostiene con fervor que la Constitución permite protestar, hay libertades para hacerlo; pero cuando se protesta, recurren al argumento de que ello obedece no más que a manipulaciones partidistas de oposición; la imagen se edita para mostrar que la agresión de las autoridades son únicamente respuestas legítimas a "provocaciones" por parte de los manifestantes.
¿Quién sale perdiendo cuando ocurren estos hechos de violencia? El sentido común inclina a decir “todos”, “el pueblo salvadoreño”, “los ciudadanos honrados”. De acuerdo. ¿Y quién sale ganando? No son los grupos de oposición, como se sostiene. Quienes salen ganando son los mismos grupos en el poder; una estructura social violenta justifica los controles sociales duros, y en esta espiral interminable, se invalida la posición del otro, mientras los “defensores de la seguridad nacional y la democracia” continuan autoexaltándose como tales.
Bienvenido placebos, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento.
Esto debería servir para que el frente modifique su estrategia, ya que la violencia como tal solo favorece a ARENA puesto que es facilmente manipulada por los medios de comunicación social.
Porque desde cualquier perspectiva, los medios pueden hacer que sea la víctima el victimario y si no se dispone de acceso masivo al pueblo, toda violencia será filtrada y presentada como ellos quieren.
Esto debería servir para que el frente modifique su estrategia, ya que la violencia como tal solo favorece a ARENA puesto que es facilmente manipulada por los medios de comunicación social.
Porque desde cualquier perspectiva, los medios pueden hacer que sea la víctima el victimario y si no se dispone de acceso masivo al pueblo, toda violencia será filtrada y presentada como ellos quieren.
