INSEPRO/FINSEPRO: El fraude de más de 1,500 millones de colones cometido en 1997 por las financieras INSEPRO/FINSEPRO, que involucra a los empresarios Roberto Mathies Hill (hijo), Roberto Annichiarico y entre otros, Mario Galdámez. Unas 1,500 personas resultaron afectadas con el fraude.
Roberto Mathies hill salió Libre
Caso ISSS: En julio de 1995, salió un orden de captura para Romeo Majano Araujo y cuatro directivos más del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) - Alicia Córdova de Rivera, Oscar López, Nuria Menjívar de Muñoz y René Cabrera - en base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamientos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto superior a los 21 millones de colones. En abril de 1998, un juez los dejó en libertad debido que no se había logrado establer el delito contra los imputados.
Romeo Majano Araujo salió Libre
Caso FIS: En 1996, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas reveló una malversación 18 millones de colones a manos de la junta directiva, bajo el liderazgo de Norma de Dowe, del Fondo de Inversión Social (FIS), referente a la irregular aplicación de la Ley Temporal de Compensación Económica, conocida también o como Decreto 471.
Norma de Dowe (a la izquierda) Libre tambien.
Altos funcionarios de FIS se aprovecharon del decreto para regalarse aumentos de salarios considerables pocos días antes de recibir sus indemnizaciones para que resultaran más grandes y, algunas indemnizaciones alcanzaron 800 mil colones. Calcularon las indemnizaciones tomando en cuenta todo el tiempo que los funcionarios laboraron en otros entes estatales. Recibieron también una compensación económica calculada a partir del salario de sus últimos seis meses de labores y, después de todo esto, algunos empleados fueron recontratados por el FIS el mismo día o pocos días después de su retiro. El total de indemnizaciones ilegales alcanzó más que 18 millones de colones. Después de un año de tardanza, la Corte de Cuentas definió la responsabilidad administrativa y patrimonial de la junta directiva de FIS dejándola con leves sanciones. Caso del Alcalde de San Miguel: El alcalde de San Miguel negó acusaciones de malversación durante su gestión, señaladas en un informe de auditoría de la Corte de Cuentas. En dicho documento se recomienda el reintegro de más de 376 mil colones.
Caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Una auditoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conducida por la Corte de Cuentas, reveló gastos injustificables de 2.9 millones de colones durante los años 1995 y 1997. El Ministro de esa instancia dijo que existe documentación relacionada a estos gastos pero no dijo si el Ministerio va a entregarla a la Corte de Cuentas. Caso del Aeropuerto Internacional: Un juzgado de San Salvador dejó libre a cambio de una fianza de casi 20 millones, a Ángel Roberto Calderón, implicado en un caso de fraude el año pasado por unos 35 millones de colones en contra el Aeropuerto Internacional El Salvador.
Caso FEDEFUTBOL (Juan Torres): Un informe de auditoría preparado por la Corte de Cuentas que aborda los ingresos y egresos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período de agosto 1996 a agosto 1998, mostró un supuesto faltante de 96 millones de colones y confirmó que la Federación no cuenta con ningún sistema de control interno. La Corte de Cuentas estableció un faltante de 35.3 millones de colones que no pudieron ser justificados.
Juan Torres - libre
Caso Sobornos dentro de la Asamblea Legislativa: Roberto Serrano (Unión Social Cristiana) y Dagoberto Marroquín (PCN) hicieron varias denuncias en diciembre de 1998 y en enero de 1999, afirmando que en el Órgano Legislativo se ofrecía dinero a cambio de votos y aprobaciones de algunas leyes. El diputado Serrano y un ex-diputado, Miguel Espinal, acusaron el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Alfredo Arbizú Mata (1996-1999) de facilitar una oferta de soborno cuando era diputado.
Mauricio Sandoval, Director de la Policía Nacional Civil: durante la administración de Alfredo Cristiani (ARENA, 1989-1994) fue encargado de comunicaciones y dirigía la cadena nacional Radio Cuscatlán que él ocupaba, durante la ofensiva de noviembre de 1989, para pedir la muerte de los jesuitas, del arzobispo metropolitano y de su auxiliar, entre otros. Seis jesuitas fueron asesinados por la Fuerza Armada el 11 de noviembre de ese año. También ha sido cuestionado por haber sido el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Mauricio Sandoval
Francisco Merino,
Presidente de la Corte de Cuentas (1998 a 1999): fue implicado en una compra-venta ilícita de terrenos de la Alcaldía de San Luis Talpa por una auditoría de la Corte de Cuentas de 1997; el ex-Presidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, Dr. Hernán Contreras (1990-1998) reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso desde octubre 1997, sin embargo, no lo mencionó cuando Merino fue promovido y elegido por su partido y ARENA a la presidencia de este ente fiscalizador porque dijo que no quería inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que le iban suceder en su gestión; vinculado con los grupos paramilitares durante la guerra civil (1979-1992); Vice Presidente arenero durante la administración de Alfredo Cristiani y después dirigente del PCN; fue elegido en un proceso no-democratíco y muy acelerado para reemplazar al Dr. Contreras, también del PCN, quien dejó su cargo como Presidente de la Corte de Cuentas para dedicarse a su candidatura para presidente de la República en los comicios de marzo de 1999. Tenía el apoyo de ARENA y del PCN para su reelección en junio de 1999 pero debido a fuertes críticas, fue obligado a renunciar de la Presidencia de la Corte de Cuentas. No cuenta con experiencia en administración financiera, auditoría y control. Rutilio Aguilera, Presidente de la Corte de Cuentas (julio 1999 al presente): el mismo día en que fue aceptada la renuncia de Francisco Merino, fue electo por el pacto entre ARENA, PDC y PCN, que produjo 43 votos, el mínimo necesario para llevar a cabo dicha elección, el Ing.Rutilio Aguilera como su sucesor en la Presidencia de la Corte de Cuentas. Los otros 41 diputados, a pesar de haber votado junto al resto de partidos políticos para aceptar la renuncia de Merino, se retiraron de la plenaria en rechazo a la elección de Aguilera que resultó en forma rápida, sin una consulta con otros diputados y la sociedad civil para considerar los currículos de otros aspirantes, y en violación de algunas normas, como la falta de dictamen de la Comisión Política. Su idoneidad ha sido cuestionada por ser miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN, al tiempo de su elección era suplente de ARENA en el Tribunal Supremo Electoral y Secretario de Finanzas del PCN, y entre otros cargos, anteriormente trabajaba en el Consejo Central de Elecciones cuando este ente fue criticado por fraudes electorales. Tampoco cuenta con experiencia en la administración financiera, auditoría y control.
Se vió involucrado tambien en un caso de armas por ebriedad hiriendo a una policía que lo quería detener mientras conducía en estado de total borrachera TODO UN CASO EL NIÑÓ.
Eduardo Peñate Polanco,
Procurador los Derechos Humanos: Desde su elección en junio 1998, la oposición política y organizaciones de la sociedad civil han rechazado al funcionario por carecer de idoneidad para el cargo y tener antecedentes de violaciones a los derechos humanos cuando este se desempeñaba como juez. Según el Centro Cívico Democrático (CCD), hubo algunas 34 denuncias contra Peñate desde antes de su llegada a la Procuraduría relacionadas con atropellos contra empleados, abuso de poder e irregularidades administrativas.
Caso Lacayo (Ministro de Economía): evasión de impuestos, conflicto de interés y falta de ética Nepotismo: El artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuestos estipula: "Queda terminantemente prohibido que sea nombrada, para llenar una plaza de Ley de Salarios o planilla en oficina, dependencia o ramo, una persona que sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de sus jefes".
La práctica del nepotismo en la Asamblea Legislativa fue señalada en julio y agosto/2000 por los medios de comunicación y duramente condenada por la opinión pública.
Algunos ejemplos son:
El sobrino de Juan Duch (ARENA) y la cuñada de Roberto D'Abuisson (ARENA) además de su hermana trabajaban en la Asamblea.
Walter Araujo (ARENA), vicepresidente de la Asamblea, contrató a su cuñada, al sobrino de la diputada Milena Calderón; y al hijo del gobernador de Santa Ana y ex-diputado,
Gerardo Escalón. Rafael Machuca, directivo y diputado del PCN, consiguió trabajo para el hijo del actual presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda, PCN, para su propia hija y para su sobrina política.
El jefe de fracción del partido PAN, Tomás Mejía, contrató a su hijo.
Arístides Alvarenga (PDC) contrató a la esposa (Jenny Cristina Vásquez) de uno de sus hijos, quien recibía un salario de ¢17,000 al mes. Agustín Díaz (PCN), de la Junta Directiva, contrató a su hijo como motorista, con un sueldo ¢5,225.
En usulutan (FMLN) laboran tres parientes del Alcalde, pero esta situación se repite en Apopa, Soyapango, Ayutuxtepeque, etc. y en las demás alcaldías de otros partidos políticos.
Caso de las declaraciones patrimoniales en el pasado gobierno de ARENA: Se reportó en septiembre/1999 que todos los funcionarios del gobierno electo en marzo/1999 habían entregado sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el encargado de esta oficina, José Eduardo Cáceres, caracterizó como inconsistente, incompleta y contradictoria, la información proporcionada por los funcionarios del pasado gobierno de ARENA.
Según El Diario de Hoy Cáceres dijo que: "En algunos casos se han descubierto cuentas absolutamente idénticas en activos y pasivos para la fecha de toma de posesión de su cargo, así como al cese de las funciones."
Anomalías en adjudicación de obras: La Corte de Cuentas anunció en septiembre/2000 los hallazgos de una auditoría del Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la gestión del ex ministro Roberto Bará.
Entre ellos, detectó que no hubo licitación pública por los trabajos de alumbrado que correspondieron al contrato firmado con la empresa PRINEL y que la empresa comenzó el trabajo de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador antes de que el MOP aprobara el contrato, que el trabajo de alumbrado que hizo en la autopista hacia Comalapa quedó con muchas deficiencias, que nunca realizó el alumbrado del tramo de Santa Tecla-La Cuchilla, que estuvo en el mismo contrato, y que PRINEL cobró 5 millones de colones más que otra empresa aspirante.
Según la Constitución, Art. 234, los contratos con fondos públicos requieren una licitación pública. El informe de dicha auditoría está en la Fiscalía General, la que continuaría la investigación. Obras mal hechas:
En octubre/2000, el diputado David Rodríguez (FMLN), de la Comisión de Obras Públicas, hizo referencia a algunas obras que no quedaron bien hechas, como la Carretera de Oro y la iluminación de la autopista a Comalapa, y señaló otras como la reconstrucción del tramo de carretera entre Comalapa y Zacatecoluca que se finalizó en diciembre pero que quedó "en pésimas condiciones". El diputado sospecha que el tráfico de influencias en las licitaciones ha resultado en obras incompletas y mal hechas
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Y asi por el estilo, vivimos en el pais de las maravillas para los corruptos, los ladrones, los asesinos,