Otra estafa mas al pueblo salvadoreño.
Este día se conoció en diversos medios de comunicación que las grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica del país, tendrán que devolver a los consumidores mas de un millón de dólares que han cobrado de forma ilegal o indebida. Esto se determinó en una auditoria efectuada por la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET). Dicha auditoria abarcó únicamente seis meses del año 2003. Es decir que si se hace una auditoria completa que abarque hasta el 2005, la cantidad cobrada ilegalmente podría ser mucho mayor.
Llama mucho la atención que nuevamente, este organismo oficial del estado salvadoreño (siget) se negó a dar los nombres de las empresas involucradas. Se rumora que los mayores cobros indebidos han sido efectuados por la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San salvador (CAESS), que es la distribuidora eléctrica mas grande del país.
En un artículo que publiqué en Hunnapuh Comentarios la semana pasada comentaba que también se había descubierto como grandes empresas dedicadas al comercio vendían productos vencidos o con pesos alterados y que también se habían ocultado los nombres de las empresas o los empresarios. Lo peligroso de esta situación es que se puede volver una norma que se oculten los nombres de las empresas que violan la ley, creando un manto de impunidad para favorecerlas.
Muchas empresas no temen a las multas, pues estas, en la mayoría de los casos son ridículas en sus montos. Para muchos empresarios tiene mas ventaja violar la ley y luego pagar una minúscula multa, que cumplir con la ley. Mientras esta situación prevalezca serán los consumidores los que pagaremos las consecuencias. Aquí tenemos otro reto para la Asamblea Legislativa que debe revisar a fondo las leyes que rigen estas instituciones privadas y la ley del consumidor. Debe ponerse multas mas fuertes y otras sanciones que lleven incluso al cierre de las empresas violadoras o la perdida de las concesiones que les da el Estado. Debe de volverse obligatorio que las instituciones estatales que supervisan estos servicios tan esenciales publiquen los nombres de los infractores.
En el país hablamos todos los días de las bondades del TLC, que se ha acordado con los EUA. Pero no nos damos cuenta que con empresarios que creen que las ganancias se obtienen engañando y estafando al consumidor, no tenemos ninguna posibilidad de lograr las ventajas competitivas que supuestamente conlleva dicho tratado. Para que nuestro país salga adelante en estos tiempos de globalización necesitamos un empresariado honesto, eficiente y competitivo. Con triquiñuelas y animaladas como las que estamos observando, nos hundiremos mas en el subdesarrollo. Realmente nuestro empresario necesita CAMBIAR PARA MEJORAR.
Martes, 05 de abril de 2005.
Este día se conoció en diversos medios de comunicación que las grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica del país, tendrán que devolver a los consumidores mas de un millón de dólares que han cobrado de forma ilegal o indebida. Esto se determinó en una auditoria efectuada por la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET). Dicha auditoria abarcó únicamente seis meses del año 2003. Es decir que si se hace una auditoria completa que abarque hasta el 2005, la cantidad cobrada ilegalmente podría ser mucho mayor.
Llama mucho la atención que nuevamente, este organismo oficial del estado salvadoreño (siget) se negó a dar los nombres de las empresas involucradas. Se rumora que los mayores cobros indebidos han sido efectuados por la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San salvador (CAESS), que es la distribuidora eléctrica mas grande del país.
En un artículo que publiqué en Hunnapuh Comentarios la semana pasada comentaba que también se había descubierto como grandes empresas dedicadas al comercio vendían productos vencidos o con pesos alterados y que también se habían ocultado los nombres de las empresas o los empresarios. Lo peligroso de esta situación es que se puede volver una norma que se oculten los nombres de las empresas que violan la ley, creando un manto de impunidad para favorecerlas.
Muchas empresas no temen a las multas, pues estas, en la mayoría de los casos son ridículas en sus montos. Para muchos empresarios tiene mas ventaja violar la ley y luego pagar una minúscula multa, que cumplir con la ley. Mientras esta situación prevalezca serán los consumidores los que pagaremos las consecuencias. Aquí tenemos otro reto para la Asamblea Legislativa que debe revisar a fondo las leyes que rigen estas instituciones privadas y la ley del consumidor. Debe ponerse multas mas fuertes y otras sanciones que lleven incluso al cierre de las empresas violadoras o la perdida de las concesiones que les da el Estado. Debe de volverse obligatorio que las instituciones estatales que supervisan estos servicios tan esenciales publiquen los nombres de los infractores.
En el país hablamos todos los días de las bondades del TLC, que se ha acordado con los EUA. Pero no nos damos cuenta que con empresarios que creen que las ganancias se obtienen engañando y estafando al consumidor, no tenemos ninguna posibilidad de lograr las ventajas competitivas que supuestamente conlleva dicho tratado. Para que nuestro país salga adelante en estos tiempos de globalización necesitamos un empresariado honesto, eficiente y competitivo. Con triquiñuelas y animaladas como las que estamos observando, nos hundiremos mas en el subdesarrollo. Realmente nuestro empresario necesita CAMBIAR PARA MEJORAR.
Martes, 05 de abril de 2005.
